És público y notorio que el sistema penitenciario brasileño ha venido a la quiebra. Las prisiones nacionales se convirtieron en escuelas para bandidos y no cumplen su papel de resocializar al condenado, conforme a la finalidad establecida en nuestra legislación patria.
Las cadenas denigran más el apenado, y la sociedad hace vista gorda a lo que sucede. Los poderes constituidos responsables de la fiscalización y mantenimiento de los establecimientos penitenciarios están de manos atadas en relación al asunto, pues dependen de recursos, los cuales ya son escasos para las demás demandas de la sociedad, que tampoco admite que los internos de esas instituciones tengan un mínimo de tratamiento humano.
Las cárceles se convirtieron en escuela del crimen, si el condenado no poseía índole peligrosa, al salir de esas instituciones se vuelven más intrépidas. No existe una política de reinserción del preso en la sociedad ni un seguimiento para la puesta en el mercado de trabajo. La posibilidad de que estas personas vuelvan a delinquir es grande.
De ese modo, no sabemos a dónde nuestro país va a parar, si no hay cambios profundos en la política carcelaria y en la forma de ver el problema. Y eso sólo se hace con voluntad política de enfrentar los problemas de frente y no con paliativos que sólo pospone para el próximo gobernante las consecuencias de esas situaciones.
El cambio de visión sobre el tema debe comenzar por los gobiernos nacionales y subnacionales, los cuales deben dar más atención al asunto, proponiendo medidas para fortalecer a las instituciones que vienen realizando su trabajo, sin el apareamiento y apoyo necesarios, buscando también la ayuda y el respaldo de la sociedad como un todo.
Las cadenas denigran más el apenado, y la sociedad hace vista gorda a lo que sucede. Los poderes constituidos responsables de la fiscalización y mantenimiento de los establecimientos penitenciarios están de manos atadas en relación al asunto, pues dependen de recursos, los cuales ya son escasos para las demás demandas de la sociedad, que tampoco admite que los internos de esas instituciones tengan un mínimo de tratamiento humano.
Las cárceles se convirtieron en escuela del crimen, si el condenado no poseía índole peligrosa, al salir de esas instituciones se vuelven más intrépidas. No existe una política de reinserción del preso en la sociedad ni un seguimiento para la puesta en el mercado de trabajo. La posibilidad de que estas personas vuelvan a delinquir es grande.
De ese modo, no sabemos a dónde nuestro país va a parar, si no hay cambios profundos en la política carcelaria y en la forma de ver el problema. Y eso sólo se hace con voluntad política de enfrentar los problemas de frente y no con paliativos que sólo pospone para el próximo gobernante las consecuencias de esas situaciones.
El cambio de visión sobre el tema debe comenzar por los gobiernos nacionales y subnacionales, los cuales deben dar más atención al asunto, proponiendo medidas para fortalecer a las instituciones que vienen realizando su trabajo, sin el apareamiento y apoyo necesarios, buscando también la ayuda y el respaldo de la sociedad como un todo.
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